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¿Y si Google se fuera de la Unión Europea?

Los funcionarios de la Comisión Europea lo han vuelto a hacer: una vez más han sancionado a una empresa de Internet por supuestas prácticas anticompetitivas. Esta vez le ha tocado el turno a Google, y de nuevo se ha batido el record en la cuantía de la sanción, alcanzándose una cifra que escapa los límites de la imaginación, 2.400 millones de euros. En el pasado ya le había tocado a Microsoft, a Deutsche Telekom, a Telefónica y a Intel, por ejemplo.

La Comisión Europea parece empeñada en castigar a las compañías que más riqueza han generado en los últimos años, aquellas que tiran de Internet y de la sociedad de la información. ¿Cuál será la próxima? ¿Apple, Amazon? Y luego se extrañan de que de Europa no salgan líderes en el mercado de las nuevas tecnologías.

Lo de menos es la razón por la que se ha sancionado a Google. Como es bien sabido[1], el derecho de competencia carece de fundamentación económica. El paradigma que utiliza para evaluar el funcionamiento del mercado no es otro que el mercado en competencia perfecta, que es un imposible teórico y, más importante aún, cuyos resultados son indeseables para los ciudadanos. Esto es, si las autoridades de competencia consiguieran el objetivo último que persiguen con estas sanciones, los individuos tendríamos bienes homogéneos (todos los coches del mismo color, por ejemplo) y mucho más caros (ya que los productores diminutos de este supuesto ideal no alcanzarían economías de escala).

Precisamente porque carece de fundamentación económica, el derecho de competencia permite sancionar cualquier acción que les parezca mal a los funcionarios de los distintos organismos administrativos encargados de velar por la competencia en los mercados. Es el paradigma definitivo del derecho arbitrario en estos Estados modernos que presumen de regirse por la rule of law.

Afortunadamente para los agentes afectados, esta arbitrariedad tiene límites, aunque sean lejanos. Me refiero a los límites geográficos: las autoridades de competencia solo pueden sancionar actividades ocurridas dentro de las fronteras de los países en que actúa. Así, la Comisión Europea solo puede sancionar a aquellos agentes que tengan actividad en la Unión Europea. Ello abre una defensa a los agentes del mercado, que sin embargo resulta completamente indeseable desde el punto de vista de individuos y sociedad europea: el abandono de sus actividades en la región cuyas autoridades les persiguen y acosan.

Ante una sanción como la que se ha impuesto a Google, es lógico que un agente se plantee directamente abandonar el mercado. Que ello sea una estrategia razonable depende mucho del volumen de ingresos que tal mercado le suponga, pero sobre todo depende de las inversiones irrecuperables que tenga en el área geográfica afectada.

La cuestión es si Google tiene muchos activos de este tipo en la Unión Europea. Si lo comparamos con los operadores de telecomunicaciones, como Telefónica o Deutsche Telekom, también sancionados por estas prácticas, cabe esperar que sus inversiones sean considerablemente menores, ya que aquellos tienen sus redes desplegadas en diversos países europeos, redes que sería muy difícil desenterrar o desmontar para llevarse a otro sitio. Por el contrario, la infraestructura que pueda haber desarrollado Google para dar servicios en Europa, no tiene ni siquiera que estar radicada en este territorio. Por ello, Telefónica/DT/Orange/Vodafone están de alguna forma cautivos de sus inversiones, y su “tolerancia” a este tipo de multas habrá de ser mucho mayor que la de Google.

En otras palabras, ante este tipo de multas, a los operadores de telecomunicaciones no les queda otra que aguantarse. La posibilidad para ellos de abandonar el territorio donde les están sancionando de esta forma arbitraria es muy remota, porque la prestación de sus servicios les ha exigido considerables inversiones en cada territorio, que no pueden abandonar sin más.

Pero, ¿y para Google? Google sí podría amenazar con dejar de prestar servicios en la Unión Europea de una forma creíble, pues seguramente sus inversiones perdidas serían mucho menores. De hecho, ya hay precedentes de Google abandonando una actividad como consecuencia de la interferencia gubernamental (sin ir más lejos, el cierre de Google News en España tras la imposición de un canon por nuestro gobierno[2]).

Solo de pensar esta posibilidad, los pelos de los funcionarios causantes de la sanción deberían ponerse de punta. Si Google dejara de prestar servicios en la UE, entonces veríamos de primera mano lo “efectiva” que es la protección de la competencia que llevan a cabo las autoridades en defensa de nuestros intereses. E imagino que la mayor parte de esos ciudadanos por cuyo interés dicen velar, se revolverían contra esa benévola autoridad por impedirnos disfrutar de los productos y servicios proporcionados por la empresa norteamericana.

Pero no pasará. Porque Google es consciente de que abandonar este mercado lo único que le supondría es perder los ingresos del mismo, que pasarían fácilmente a sus competidores, que como todo el mundo sabe están a un clic de distancia. En pocos días, quizá en pocas horas, Google habría sido sustituido por Bing, Yahoo y tantos otros en nuestras preferencias.

Esta es la gran ironía final: que precisamente porque la competencia en Internet es brutal y porque el líder en cada momento solo es un líder marginal, que gana por muy poco a sus rivales, Google pagará la sanción que se la ha impuesto con base en su inexistente poder de mercado: es la competencia la que nos salva a los individuos europeos de los efectos de la actuación arbitraria de nuestras autoridades de Competencia.

Por cuánto tiempo, eso ya no está tan claro.

[1] Véase cualquiera de los tratados clásicos de Armentano, o mi propio “Mitos sobre la regulación para la competencia”.

[2] Ver, por ejemplo, http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/12/11/5488ff3d22601d4a718b4575.html

 

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