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Bajar impuestos para garantizar el estado del bienestar

(Este texto ha sido elaborado conjuntamente por Daniel Lacalle y Juan Manuel López Zafra).

“Tax competitiveness has brought our country the only prosperity we’ve known”. Paul David Hewson ‘Bono’.

En España siempre se acude a dos falacias para negar la posibilidad de la bajada de impuestos. La presión fiscal y el déficit. Primera falacia: "Como hay déficit, no se pueden bajar impuestos". Pero bajo esa premisa nunca se podrán reducir porque, cuando se ingresa más, los gobiernos suelen gastar también más y, cuando se ingresa menos, se echa la culpa a la crisis o al fraude o a los alemanes, y tampoco se pueden reducir los impuestos. 

Los impuestos no se fijan utilizando como base lo que se desea recaudar, sino atendiendo a los principios de justicia y equidad. El Estado no está para que los agentes económicos se adecúen a su nivel de gasto. El nivel de gasto del Estado debe estar alineado con el potencial de la economía. Y la economía española está asfixiada.

Y aquí entra la segunda falacia. "No hay que bajar los impuestos porque la presión fiscal es muy baja, recaudamos menos que la media de la UE". La presión fiscal es una ratio recaudatoria. Mide los ingresos fiscales sobre el PIB. A los ciudadanos lo que nos importa no es la presión fiscal, sino el esfuerzo fiscal, que es lo que pagamos de impuestos con respecto a nuestros ingresos, no un concepto tan complejo y diverso como el PIB.Y ahí radica el truco. A medida que el PIB depende más del Estado, el paro se mantiene alto y las empresas son demasiado pequeñas y frágiles, la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal aumenta. La presión fiscal en España es de un 38,3% según Hacienda. Esa presión fiscal es inferior a la media de la UE, pero solo en un 11% mientras nuestro paro es casi el doble y nuestras empresas son más pequeñas y vulnerables, incluso las grandes.

No se pueden comparar países por nivel de recaudación sin tener en cuenta las diferencias del tejido empresarial, paro y los niveles de productividad de cada cual. España es un país de empresas muy pequeñas. Incluso las grandes compañías tienen un tamaño medio inferior a sus referentes globales, salvo muy honrosas excepciones. Más del 90% de empresas son pymes (entre las que más del 57% son microempresas, es decir, de un empleado como máximo). El salto de empresa mediana a empresa grande se traduce en 10 puntos más de esfuerzo fiscal sobre el beneficio de explotación. 

Esto actúa en detrimento del crecimiento de las compañías y, por tanto, de su capacidad de generar más riqueza y empleo. 

Por eso la solución para mantener el estado de bienestar no es aumentar enormemente el gasto público y los impuestos, sino bajarlos para incorporar una fiscalidad orientada al crecimiento y que ponga como pilares fundamentales a los contribuyentes, fortaleciendo el tejido empresarial y la renta disponible de las familias para crecer más y recaudar más y mejor.

Cuando en 2003 la República de Irlanda decidió bajar su tipo del impuesto de sociedades al 12.5% (desde el 16% del año anterior y que, sólo 20 años antes, llegó a alcanzar el 50%), los ingresos fiscales siguieron el curso al alza, justo en el sentido contrario al tipo. Si en 2001 los ingresos fiscales derivados del impuesto de sociedades alcanzaban los 4.156 millones de euros, con un tipo que, ya entonces, era del 20%, con la entrada del nuevo tipo se incrementaron en 1.000 millones de euros, un incremento del 24%. Justo antes de la crisis, la cifra aumentó hasta los 6.390 millones de 2007. En 2017 alcanzaron los 8.200 millones y en 2018 los 10.400 millones, mejorando las previsiones del ejecutivo en 1.900 millones de euros. Para ponerlo en contexto, la cifra de 2017 supone el 2.79% del PIB irlandés, por el 2.31 que supone la misma figura impositiva en España, de acuerdo con los datos de la OCDE. Esto quiere decir que Irlanda genera importantes ingresos procedentes del impuesto de sociedades, pero que su importancia está perfectamente alineada con el promedio de la OCDE, alrededor del 2.9%. No, el impuesto de sociedades irlandés no es su monocultivo. Es la fuente de su progreso, como bien señalaba Bono en la cita que abre esta columna.

El estudio Economic impact assessment of Ireland’s corporation tax policy de octubre de 2014 del ministerio de finanzas irlandés señala que un tipo del impuesto de sociedades del 15% hubiese reducido los flujos de entrada de filiales de empresas en un 22%, mientras que un tipo del 22,5% lo hubiese hecho en un 50%. Un 25,3% del valor añadido bruto del país provino en 2011 de empresas multinacionales radicadas en Irlanda (con un 10% de empresas químicas y farmacéuticas, otro 10% del sector del software y comunicaciones, y un 5% de otros sectores). En 2013 el 13% del empleo en el sector privado provenía de empresas multinacionales radicadas en Irlanda, siendo alrededor del 85% empleo fijo.

Los efectos de la entrada de capital extranjero, en un proceso de digitalización de la economía como el actual, han sido no menos espectaculares. La sede internacional de 9 de las 10 primeras empresas de internet y telecomunicaciones está en Irlanda; 8 de las 10 farmacéuticas y biotecnológicas; 15 de las 20 de equipamiento médico, o 6 de las 7 de diagnóstico clínico. Google (7.000 empleos directos), Microsoft (más de 2.000), HP (4.000), Apple (6.000 empleos directos, 17.000 empleos relacionados con el desarrollo de apps), IBM (más de 3.000), Amazon (más de 2.500), Linkedin (más de 1.000), Twitter (cerca de 200), Pfizer (3.200), GSK (1.700) o Genzyme (más de 600), entre otras, son solo algunos nombres de esas más de 1.000 multinacionales de todos los sectores, y que contrataban a 230.000 personas en 2018. Es particularmente interesante el caso de Facebook, cuyos 1.008 empleados cobraron un salario medio de más de 95.000 euros en 2017, que, con incentivos, bonus y demás extras se transformaron en 154.000. El salario medio en Irlanda de un empleado a tiempo completo fue de 46.402 euros, de acuerdo con el informe del Central Statistics Office, el INE irlandés. El de todos los empleados fue de 37.646 euros. Facebook ya ha trasladado su cuartel general en Dublín a Grand Canal Square, donde podrá alojar hasta a 7.000 empleados. 

Hablamos de un pequeño país, de 4.84 millones de habitantes de los 2.8 millones están empleados, con una tasa de paro del 5.6%, con un paro juvenil del 13.8% y del 2.1% para el de larga duración. Un país en el que dos de cada tres empleos se crean en el sector tecnológico, uno de los de mayor valor añadido y mayor capacitación, y en el que se fundan 141 startups cada día, según señala Marc Vidal. Un país que en 2018 alcanzó una renta per capita de 65.500 euros, por los 25.800 de España.

Y nada más lejos de Irlanda que un modelo ultraliberal. Su estado de bienestar es de calidad, el salario mínimo es de 1652.2 euros mensuales (en doce pagas). Y si bien el tipo marginal máximo del IRPF se encuentra en un nada envidiable 48% total (sin tramos autonómicos ni nada), el gobierno irlandés apuesta por el empleo, al fijar unas cotizaciones sociales que son del 10,75% para la empresa y del 4% para el trabajador. Eso permite, evidentemente, agilizar la contratación y dinamizar el empleo.

En otros casos, no ha sido sólo la fiscalidad sobre las empresas la que ha beneficiado a los ciudadanos. Los países nórdicos, ante el fracaso del modelo intervencionista, han implementado bajadas continuadas de los tipos marginales. En cuanto a empresas, en 2019, Dinamarca, Finlandia y Noruega aparecen en el índice Paying Taxes del Banco Mundial y PriceWaterhouseCoopers con un esfuerzo fiscal muy inferior a España, en el caso de Dinamarca, casi la mitad. Los tipos en sociedades y renta se han bajado en los países nórdicos desde los años 2000 (lean este informe) aunque, eso sí, mantienen un alto IVA. Su tasa marginal en el IRPF es bastante similar a la española si incluimos tramo autonómico.

España también tiene un tipo marginal, incluyendo recargos y tramos autonómicos que supera a la media de la Unión Europea según Eurostat.

España demostró que las bajadas de impuestos de los últimos años fortalecieron el crecimiento y los ingresos han alcanzado una cifra récord en 2018 (lean este artículo). Los déficits se generan porque los gobiernos gastan esos aumentos de ingresos y más, como ha ocurrido en EEUU donde el aumento de gasto acordado entre los dos partidos y el aumento de la partida de intereses de deuda han hecho que el déficit continúe a pesar de ingresos récord (lean este artículo).

En Reino Unido los ingresos subieron un 21% en 2017 comparado con 2016 y en 2018 alcanzaron cifra récord aunque se bajó el tipo del 30% al 19% desde 2008. China se une a estos países y acaba de lanzar la mayor bajada de impuestos en 38 años.

Los intervencionistas les dirán que si no se hubieran bajado se recaudaría más, pero es incorrecto y parte de la idea mágica de que usted siempre tiene margen para pagar más impuestos y ellos no lo tienen para gestionar mejor. Patel, Seegert y Smith publicaron en 2015 (revisado en 2017) un muy interesante informe (At a Loss: The Real and Reporting Elasticity of Corporate Taxable Income) sobre la elasticidad de los ingresos empresariales ante los incrementos de los tipos impositivos. Comprobaron cómo aumentos de la carga fiscal de un 9% erosionaban los ingresos reportados en un 8.9%; de esa cifra, 3.4 puntos se debían a caídas en la inversión. Las estimaciones de los autores señalaban que una reducción del impuesto de sociedades desde un 35% a un 25% mejorarían el valor de la empresa en un 16%.

Existe una amplia evidencia en estudios económicos que muestra el efecto positivo de las bajadas de impuestos. El ejemplo de más de 200 casos en 21 países analizado por el Fondo Monetario Internacional demuestra que son mucho más efectivas las bajadas de impuestos y reducciones de gasto, a la hora de incentivar el crecimiento y la prosperidad, que los aumentos de gasto. Yendo a casos específicos, los estudios de Mertens y Ravn (The dynamic effects of personal and corporate income tax changes, 2012), Alesina y Ardagna (Large changes in fiscal policy, taxes versus spending, 2010), Logan (2011), o del FMI concluyen que en más de 170 casos el impacto de bajadas de impuestos ha sido mucho más positivo para el crecimiento y el empleo que otras medidas fiscales.

España, por su estructura empresarial y su economía debe tener una fiscalidad que responda a su realidad, no a los deseos de los burócratas, y por ello debe fijarse como objetivo fundamental cercenar el esfuerzo fiscal, eliminar los desincentivos a la contratación y atraer capital.

Una bajada de impuestos fortalecería a las familias, eliminaría los desincentivos a la contratación y, además de atraer mucha más inversión, acabaría con los escollos que impiden que las empresas crezcan y ganen tamaño. 

Los impuestos se deben bajar por justicia social y lógica económica. No se trata de Laffer, se trata de lógica. España no tiene un problema de curva de Laffer, tiene un problema de paro y empresas débiles. Y no, no se trata de bajarlos a cero como dice algún intervencionista, sino de permitir que las empresas y familias tengan un poco más de renta disponible y capacidad de maniobra para atender a sus necesidades con el dinero que se han ganado trabajando y creando riqueza. Su dinero.

Los impuestos bajos orientados al crecimiento son suficientes para atender el estado de bienestar, pero sobre todo son cruciales para contener el Estado burocrático. Los impuestos altos, por el contrario, debilitan nuestra estructura empresarial y nuestra capacidad de afrontar con éxito los ciclos económicos.

La única forma de sostener el estado de bienestar es crear más riqueza y empleo. Subir impuestos cuando los agentes económicos están ahogados no defiende los servicios públicos, los pone en peligro. Hay que bajar impuestos para adecuar nuestra fiscalidad a nuestra realidad económica y empresarial y, con ello, recaudar más y mejor.