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Black lives (don’t really) matter

Las vidas de los negros (realmente no) importan. Es el reverso del reclamo de Black Lives Matter, pero parece acercarse más a la realidad de sus objetivos. No es esa su prioridad, sino la policía. La institución armada, cuya misión es hacer cumplir las leyes y desarticular las estructuras criminales, es el objetivo inmediato del movimiento Black Lives Matter.

El discurso político se ha ido sinplificando, de los tratados de filosofía a los panfletos políticos (y en ocasiones eran lo mismo) a los discursos parlamentarios, y de ahí a las intervenciones en televisión, para acabar siendo reducidos a un ‘hastag’, a una etiqueta. Y #BlackLivesMatter ha apadrinado otra etiqueta: #DefundThePolice, que es llevar los recortes de gasto público al extremo, pero con un objetivo específico: acabar con las policías del país.

No es que yo esté diametralmente en contra de una idea como esa. La vieja y olvidada tradición republicana (en España olvidada especialmente por los que dicen ser republicanos), se fundamenta en el concepto de ‘virtú’, que es la predisposición de los ciudadanos a participar directamente en los asuntos públicos. Y, entre ellos, está la seguridad. Un pueblo republicano es un pueblo en armas. Esta idea se puede combinar con el principio que hace posible cualquier sociedad, que es la división del trabajo: al igual que los ciudadanos pueden defenderse por sí mismos, solos u organizados con otros, también pueden contratar ese servicio a cualquier empresa.

Pero no es eso lo que tienen en mente, aunque no han precisado qué quieren que sustituya a la Policía, si el crimen irrestricto o un grupo armado comandado por grupos radicales, y al margen tanto del Estado como de los ciudadanos de a pie organizando su defensa. La cuestión es de la máxima importancia, porque la Policía es sólo la primera línea de defensa del Estado de Derecho, que es el siguiente objetivo por derribar. Ese es el objetivo mediato.

No tenemos que imaginarnos cómo sería una ciudad sin Policía. Nos basta con echar la vida sólo unos días atrás. El 31 de mayo murieron en la ciudad de Chicago 18 personas por causas violentas. Según informó el Chicago Sunday Times, esto le convierte en “el día más violento en Chicago en seis décadas”. El fin de semana supuso la muerte de 25 personas, con un saldo añadido de 85 heridos, todos ellos por armas de fuego. En esos días, la Policía tuvo que olvidarse de controlar el crimen, porque todos sus recursos estaban destinados a controlar las violentas protestas que se estaban produciendo en la ciudad. Luego, para el crimen, es como si el lema #DefundThePolice hubiera sido un completo éxito. Liberado el crimen de la fuerza represiva que lo controlaba, los cadáveres de los afroamericanos caían a un ritmo sin parangón desde 1961.

Otro ejemplo tiene que ver con un éxito indudable del movimiento BLM: cuando en 2016 el alcalde de la ciudad, Rahm Emmanuel, impuso a la policía local una política de “brazos caídos”; esa fue su expresión. El efecto fue clarísimo: en 2015, el número de homicidios fue de 480. En 2016 fue de 754, un aumento del 58 por ciento.

Quizá lo que tenga sentido no es acabar con la Policía, sino mejorar su actuación por medio de la reforma. Pero aún así hay datos que no podemos dejar de lado. Según recoge Rafael A. Mangual en un artículo publicado en el diario The Wall Street Journal, “Un estudio de 2018, publicado en el Journal of Trauma and Acute Care Surgery, analizó más de 100.000 arrestos, y se encontró que más del 99 por ciento se llevaron a cabo sin el uso de fuerza física. En los casos en que se usó la fuerza, el 98 por ciento de los sujetos sufrieron lesiones leves o nulas”. Y para situar al lector: “A nivel nacional, la policía descargó sus armas de fuego aproximadamente 3.043 veces en 2018, con el resultado de 992 muertes. El mismo año, casi 700.000 oficiales de tiempo completo hicieron más de 10 millones de arrestos”. Esto puede sorprender al consumidor habitual de medios de comunicación españoles.

Como le sorprenderá saber que la situación no ha empeorado, sino que ha ido claramente a mejor en los últimos años. Si entra el lector en Mapping Police Violence, puede comprobar que en 2019 murieron 259 personas de raza negra en enfrentamientos con la Policía, por 291 en 2013. Es una pena que la web no vaya más atrás en el tiempo, porque esta tendencia a la baja lleva produciéndose desde comienzos de los años 90’. También se ha reducido el número de blancos muertos en las mismas circunstancias: 665 en 2019 por 717 en 2013, aunque el progreso ha sido más lento.

Ha habido un verdadero esfuerzo por lograr que la Policía sea más efectiva en su desempeño, sin que sus encuentros con la población civil desemboquen en muertes; especialmente en muertes injustas, como la de George Floyd. Pero no siempre esos esfuerzos se ven recompensados.

Un caso claro es el que ofrece detalladamente The Marshall Project, una institución a medio camino entre medio de comunicación y think tank, especializado en el funcionamiento de la justicia en los Estados Unidos. En 2012, la jefa de Policía de Minneapolis, Janeé Harteau, invitó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente para reformar al cuerpo, identificar y expulsar a los policías que no estaban a la altura de la tarea, y mejorar la transparencia y la confianza de los ciudadanos de Minneapolis. Tres años de estudio desembocaron en un informe que recomendaba poner en marcha un sistema que alertase de los policías que podrían saltarse las normas, así como un programa de ‘coaching’ de los agentes. También acotó el protocolo para reducir las situaciones en las que un agente podía matar a un presunto criminal.

Pero una cosa es diseñar una política que zahiere el statu quo, y otra que éste se deje zaherir. El agente Chauvin, que presionó con su rodilla el cuello de George Floyd hasta quitarle la vida, había recibido una docena de denuncias, y ninguna acabó en una corrección disciplinaria. Tou Thao ha recibido seis quejas, pero tampoco han ido más allá. Pero tuvo que pagar 25.000 dólares a un ciudadano por golpearle los dientes durante una detención.

¿Por qué es difícil, incluso en una institución tan volcada sobre la reforma como el Ayuntamiento de Minneapolis, echar a los “malos” policías? Tenemos que mirar a los sindicatos, que frenan cualquier despido, aunque entre dentro de las políticas de mejora del cuerpo. Por eso, los demócratas han presentado un proyecto de reforma de las Policías que evite que las reformas como la de Minneapolis se queden en nada. Y para ello han reconocido que tienen que limitar el peso de los intereses creados dentro del cuerpo, fieramente defendidos por los sindicatos policiales.

Ese tipo de esfuerzos sí tienen al menos el objetivo de mejorar la situación, no de subvertir el orden legal y social para sustituirlo por algo muy distinto. Algo inconfesado, quizás por inconfesable.