Que una o un particular quiere comprárselo es problema de quien decide utilizar su dinero así. Lo mismo si se trata de una empresa, tras la correspondiente decisión de la directiva o el directivo correspondiente.
Pero la cosa cambia cuando quien compra el programa informático es una administración pública. Y más si se tiene en cuenta que cada licencia de la herramienta en cuestión cuesta 1.950 más un mantenimiento anual de otros 320 (hay rebajas en caso de comprar varias de golpe). Pues ya ha habido quien ha decido malgastar el dinero de las y los contribuyentes en algo destinado a ser políticamente correcto e incorrecto lingüísticamente. Las y los responsables del Ayuntamiento de Getafe, puede que aconsejados por alguna funcionaria o algún funcionario, han decidido que dicha corporación municipal adquiera la aplicación en cuestión.
Las y los habitantes de la localidad madrileña no sólo van a tener que aguantar como los textos escritos por las y los funcionarios del Ayuntamiento, o por las o los altos cargos municipales, sean tan engorrosos como difíciles de leer. También tendrán que sufragar el feminismo irracional (no he encontrado a mujer u hombre alguna o alguno capaz de argumentar racionalmente que este ataque al idioma propicie la igualdad entre las personas) de sus políticas y políticos. El dinero con el que estas y estos idiotas metidos en la cosa pública van a pagar el programa ha salido de las y los contribuyentes.
Este tipo de absurdo no es nuevo. El autor (que no autora) del presente artículo todavía recuerda un cartel en un departamento de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid: "Todas y todos las alumnas y alumnos y profesoras y profesores están invitadas e invitados a la reunión". La diferencia con el asunto (o la cuestión, no vaya alguna o alguno a acusarme de sexista por utilizar una palabra terminada en o existiendo otra que lo hace en a y que podría emplear de igual manera) de Getafe radica en que la chica o el chico que escribió aquello lo hizo ella o él solita o solito y sin ayuda de un carísimo programa pagado con los impuestos de las españolas y los españoles.
Aquellas y aquellos que quieran caer en la estupidez de escribir o hablar como está redactado este artículo están en su perfecto derecho de hacerlo. Lo que en ningún caso resulta legítimo es imponerlo desde la Administración y gastar el dinero de las y los ciudadanos en ello. Eso sí, tras escribir este texto comprendo que las funcionarias y funcionarios necesiten una ayuda para hacerlo; resulta agotador redactar así de mal.
