Con esta nueva subida nuestras emisiones ya se sitúan un 52,6% por encima del año de referencia (1990) cuando el acuerdo era no incrementarlas más de un 15%. Esa diferencia significa un coste directo de miles de millones de euros para las empresas españolas en concepto de compras de derechos de emisión. Las decenas de planes nacionales concebidos para dirigirnos hacia su acatamiento no han servido de nada. Tampoco ha tenido ningún tipo de efecto la promesa de la ex ministra Narbona de que el coste de cumplir con Kyoto (o de intentarlo) se mantendría bajo. Esto es un verdadero fiasco.
El problema desde la firma del Protocolo de Kyoto hasta el año 2007 es que la economía creció, así de simple y así de claro. Ese es el pecado que hemos cometido y por el que tendremos que pagar a ricos empresarios de países de la Europa del Este y Alemania. En efecto, el ciudadano medio español lleva desde 2005 jugando forzosamente a este juego de trileros en el que después de mover los vasitos boca abajo sólo cabe perder. Si levantamos el primer vasito hemos de pagar a través de la elevación de los precios de la electricidad y de otros productos básicos, si levantamos el segundo nos toca deslocalización y pérdida de empleo y si levantamos el último nos encontramos con impuestos verdes, déficit verde o multas verdes.
Siempre he estado entre los que decían que la única forma de cumplir con Kyoto y no perder en este juego de suma cero es provocar una crisis de dimensiones históricas. Los catastrofistas ecologistas se gastaban la cara de llamarnos alarmistas por señalar esa obviedad. Ahora resulta que los partidarios de Kyoto miran esperanzados la crisis económica en la que nos encontramos porque está logrando que se reduzca la actividad industrial y el consumo energético producido a través de fuentes fósiles y, con él, las emisiones de CO2. Lo que está ocurriendo es la prueba fehaciente de que lo que decíamos era cierto (algo que, por otro lado, no tiene demasiado mérito) y que en plazos como los establecidos por el Protocolo no cabía más que crisis económica o incumplimiento. El ecologismo radical se alegra ahora del desastre económico que estamos padeciendo por culpa de las enormes dosis de intervencionismo financiero que también ellos apoyan. En el fondo, es posible que lo único que estuvieran persiguiendo fuese eso, una enorme crisis y un parón industrial global.
Vaclav Klaus lo tiene muy claro. En el reciente Congreso Internacional No Gubernamental sobre Cambio Climático de Nueva York organizado por Heartland Institute y otras 59 organizaciones independientes –entre las que se encontraba el Instituto Juan de Mariana–, el presidente de turno de la Unión Europea expresó su convicción de que para los ecologistas la cuestión no es climática sino ideológica. Un indicio de que Klaus tiene razón es que aunque todos los países cumplieran con el Protocolo, la temperatura global de la tierra apenas variaría en 0,07 grados centígrados para el año 2050. Otra pista que confirma las sospechas del presidente checo es que los ecologistas no quieren ni oír hablar de alternativas menos costosas y más efectivas que Kyoto, algunas de las cuales han permitido a Estados Unidos tener una tasa de incremento de emisiones que es la mitad de la europea desde 1997. Por último, y esto termina de destapar el rojo que se esconde bajo la capa de verde, los que vienen diciendo desde los 90 que el calentamiento que sufrimos es catastrófico evitan comentar la buena noticia –corroborada en la conferencia de Nueva York– de que llevamos una década sin ese calentamiento global. En algo sí tienen razón los catastrofistas: tenemos que salvar el planeta. Pero, como decía Klaus, tenemos que salvarlo del movimiento ecologista.
