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Contra el reparto de España

No sería porque no estuviera anunciado. En otoño del 2012 el presidente de la Generalidad catalana había proclamado a los cuatro vientos su intención de convocar un referendum que, con perseverancia digna de mejor causa, ha materializado de forma circense, pero no menos insidiosa, el pasado 9 de noviembre.

Algunos ya urgimos entonces al presidente del gobierno español a responder a tamaño envite sin eludir el debate político abierto y transparente sobre los deseos independendistas en diversas regiones y asumiendo con valentía la iniciativa política que nunca debió dejarse en manos de los partidos nacionalistas y separatistas.

De acuerdo a la Constitución vigente, (Art. 1.2, 2, 92) por un lado, el mantenimiento de la unidad española resulta una cuestión de especial trascendencia y, por otro, todo referendum para consultar sobre un cambio de la composición de la ciudadanía española debe dirigirse a toda esta comunidad política. Ese referendum solo puede ser convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

Debería ser obvio, pues, tanto para independentistas como para los defensores de la unidad de España, que los referendos para consultar sobre su deseo de independencia solo a los españoles de una región son claramente inconstitucionales, pese a que, por ejemplo, Artur Mas envolviera su decreto de convocatoria con la cobertura aparente de una ley autonómica ad hoc,en un ejemplo claro de fraude de ley.

En este contexto choca aún más cómo es posible que los partidos nacionalistas no recurran a las vías legales (Art. 166 y 87 CE) a su disposición para instar la reforma constitucional en el sentido que parecen apetecer. Más aún cuando algunas de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a las que se reconoce la legitimación de iniciativa (caso catalán y vasco) están controladas por ellos mismos. Esa constatación permite despejar dudas sobre su naturaleza. Se trata de movimientos que desprecian el imperio de la ley, aparte de que sus ideologías demuestran tintes totalitarios y xenófobos bastante acusados.

Si uno de los más importantes representantes del estado (guste o no, el presidente de una comunidad autónoma sin duda lo es) anunciaba abiertamente que quería conseguir sus objetivos por medio de la subversión del orden constitucional, parecía bastante evidente que el presidente del gobierno tenía la obligación, en primer lugar, de actuar de manera preventiva antes de que el atropello se cometiese. Conviene recordar que el actual presidente del gobierno, gracias al apoyo de los grupos parlamentarios populares en el Congreso de los Diputados y el Senado, los cuales gozan de amplías mayorías absolutas, cuenta con una larga lista de medios políticos y jurídicos para defender la legalidad. Siempre que, cualesquiera que sean sus cálculos e intereses, sea ésta su voluntad y la de los parlamentarios que lo sostienen...

En efecto, aunque el debate oficial se haya desviado por los derroteros derivados del incumplimiento grosero de la suspensión cautelar de la primera convocatoria decretada por el Tribunal Constiucional, cabe preguntarse cómo es posible que el gobierno central se haya abstenido durante más de dos años de tomar las medidas necesarias para evitar un fraude insurreccional de esas dimensiones.

Desde el conocido remedio contemplado en el artículo 155 de la Constitución de requerir a una comunidad al cumplimiento de sus obligaciones o abstenerse de atentar contra el interés general de España, que pueden llevar en caso de desatención a una súbita asunción de responsabilidades por parte del gobierno central, a otros medios más sútiles como los contenidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la propia impugnación ante los tribunales de actos administrativos de los gobiernos autonómicos y de leyes; el gobierno central dispone de un amplio elenco de potestades que le permitirían atajar la situación creada.

Resulta hilarante que instituciones como el "Consejo Asesor para la Transición Nacional", creadas por el gobierno regional catalán para subvertir y horadar desde dentro el sistema o asociaciones como la Asamblea Nacional de Cataluña, subvencionada por la Generalidad catalana con el dinero de todos los contribuyentes españoles, continúen funcionando con apariencia de legalidad.