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Elecciones de jueces

La independencia judicial es imprescindible para que una democracia liberal pueda garantizar un Estado de Derecho digno de tal nombre. Cuando los principales nombramientos de los cargos judiciales son realizados por políticos, las presiones sobre los juzgados y tribunales son exponencialmente mayores y, como consecuencia de ello, la corrupción política termina contaminando a jueces y magistrados.

La evolución institucional de muchas jóvenes democracias, como la española, se ve deteriorada por la ausencia de independencia de los órganos rectores y de los tribunales superiores de justicia.

Recientemente, en diferentes estados federales de los Estados Unidos de América se han celebrado elecciones de jueces con una transparencia y un alcance institucionales que son difíciles de observar en otras naciones.

Por ello, resulta interesante analizar brevemente el sistema de elecciones judiciales (1)(2) en Estados Unidos, aunque varía dependiendo de la Constitución de cada estado federal. Prevalecen los estados con elecciones partidarias, no-partidarias o mixtas. Pero, en menor medida, existen también elecciones legislativas, gubernamentales o por comisiones de selección.

Por citar un ejemplo interesante, el artículo 5 de la Constitución del Estado de Texas instaura un sistema judicial que consta de un Tribunal Supremo, un Tribunal de Apelaciones Criminales, Tribunales de Apelación (civiles), 437 Tribunales de Distrito, 254 Tribunales de Condado, Tribunales de Comisionados y Juzgados de Paz.

Texas celebró su elección primaria el 2 de marzo de 2010 y la elección general el pasado 2 de noviembre de 2010. Como consecuencia de las mismas, se eligieron jueces para ocupar tres puestos vacantes en el Tribunal Supremo de Texas (Debra Lehrmann, Paul Green, Eva Guzman) y también se eligieron jueces para los Tribunales de Apelación civil y criminal, entre otros muchos. Pero, sin duda, lo que más llama la atención es la elección por los ciudadanos de los jueces de los distritos y de los condados de Texas, ya que son los juristas que toman las decisiones más cercanas y que más afectan a la seguridad y la vida diarias en las localidades del estado.

Los tejanos votan en elecciones judiciales a aquellos profesionales del Derecho que consideran con mayor experiencia y capacitación para dictar sentencias en juzgados y tribunales con el objetivo de proteger eficientemente su vida, su libertad y sus propiedades. Desde luego, parece que las autoridades e instituciones de Estados Unidos confían más en la libertad de elegir de sus ciudadanos que la vieja Europa.

Quizás esa confianza en los individuos y en sus elecciones personales es el verdadero motivo por el que en Estados Unidos arraigó una democracia sólida, estable y con instituciones fuertes.

Todavía queda mucho camino institucional por recorrer en las democracias europeas, aunque algunos ciudadanos españoles nos conformaríamos con una reforma constitucional que permitiese que los 12 miembros del Tribunal Constitucional (artículo 159 CE) fuesen elegidos por los ciudadanos entre los jueces de mayor experiencia y prestigio del país, por ejemplo, por un periodo de 15 años o con un carácter vitalicio. Al menos, a priori, se establecería una protección judicial más seria y profesional de la Constitución, sin tener que observar apesadumbrados cómo se producen sentencias "politizadas" que están validando la destrucción de la igualdad ante la ley y la interposición de barreras comerciales, culturales e idiomáticas entre las diversas regiones de España.

Seguramente, otras personas preferirían aprovechar una reforma constitucional para garantizar la elección de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (artículo 122 CE) por los propios jueces o bien por los ciudadanos, por ejemplo, también entre magistrados senior y por 12 o más años.

Sólo así el órgano rector podrá actuar sin seguir criterios políticos a la hora de ayudar, promover, premiar o censurar las actuaciones y trayectorias de los jueces y magistrados.

Sólo así prevalecerán los jueces que actúan con ética profesional, velando por los derechos civiles, las garantías procesales y las sentencias ajustadas a derecho, en vez de tener que la sociedad padezca estrellas mediáticas sin escrúpulos, dispuestas a medrar retorciendo la legislación, manchando las puñetas con el fango de la corrupción moral y arrastrando la toga por la senda que marca la irresponsabilidad política.

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