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Referéndum obligatorio frente al intervencionismo del Estado

Los ingresos tributarios de España son incapaces de soportar desde hace años el coste del Estado central, de los nuevos "Reinos de Taifas" en los que se han convertido las Autonomías y de sus entidades locales. Dado que la casta política sigue instalada en el limbo de la utopía electoral y dado que su despilfarro alcanza niveles imposibles de soportar con la actual recaudación de tributos, el déficit presupuestario está siendo cubierto mediante emisiones de deuda soberana.

Endeudamiento Soberano

Los analistas reflejan en sus informes la incertidumbre y el riesgo generado por la irresponsabilidad del Gobierno de turno en la gestión de las cuentas públicas, como está sucediendo con las primas de riesgo de las deudas soberanas de Grecia, Irlanda y Portugal, donde ya comienza a ser verosímil la posibilidad de aplicar quitas.

La situación de la deuda soberana de España es también delicada y si no se desea generar incertidumbre que pueda desembocar en una situación de quiebra, los ajustes presupuestarios y las reformas estructurales deberían alcanzar lo demandado por los prestamistas para proporcionar certeza sobre el pago de las deudas contraídas. 

Sin embargo, el endeudamiento soberano tiene límites de solvencia que una vez rebasados hacen que las cuentas del Estado queden pendientes de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo o, cuando los socios europeos se cansan de prestar dinero, por parte de fondos de inversión extranjeros, provenientes, por ejemplo, de una dictadura como la República Popular China.

Lo cierto es que esos préstamos los deberemos pagar los contribuyentes españoles mediante los impuestos futuros, por lo que lastran el crecimiento económico de las familias y, principalmente, de la clase media del país, que son los que más impuestos pagan para mantener el gasto del Estado.

Decisiones políticas trascendentales y el principio de consentimiento

Por dicho motivo, convendría plantearse si los ciudadanos españoles deberían decidir en asuntos económicos tan serios para el futuro del país, por medio de un referéndum vinculante y de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, que expresaría el principio de consentimiento (o no) de los ciudadanos para adoptar las decisiones políticas trascendentales que afronten una situación de crisis institucional, económica y financiera.

Puede que los ciudadanos españoles deban opinar si desean que su dinero –vía impuestos del presente o vía endeudamiento que será pagado con los impuestos futuros— sea empleado para inyectar liquidez en bancos y en cajas de ahorro que han sido mal gestionados y han asumido un elevado riesgo hipotecario en activos sobrevalorados que, ahora, deben corregirse a la baja para que la contabilidad refleje en los balances el valor real de mercado tanto de las hipotecas suscritas como de los inmuebles embargados a los clientes.

Y, desde luego, puede que los ciudadanos españoles también deseen elegir si prefieren crecer sin padecer un endeudamiento que estrangule su economía familiar. De hecho, algunos opinamos que la única vía para crecer de un modo financieramente saludable es realizar una drástica reducción presupuestaria en las partidas ociosas del Estado —empresas públicas, comisiones y agencias gubernamentales, infraestructuras innecesarias o funcionarios desocupados— y eliminar las múltiples prebendas —subvenciones, ayudas, oligopolios o precios públicos— tanto en el ámbito central como en las administraciones públicas regionales y locales.

La senda del crecimiento sólo se caminará con la realización previa de grandes reformas que reduzcan el tamaño del Estado, eliminen las barreras autonómicas y estatales a la libre competencia en los mercados nacionales, flexibilicen el mercado laboral y faciliten la empresarialidad.

Las tímidas reformas que se han venido legislando en los últimos meses no han sido reflexionadas por la casta política española y tampoco han recibido el consentimiento oficial de los ciudadanos dado que en las pasadas elecciones generales todavía no se sentía la crisis económica y financiera en la cesta familiar. Al contario, las reformas vienen impuestas por los socios de la Unión Europea, que no están dispuestos a prestar más dinero sin que las autoridades españolas hagan bien sus deberes institucionales.

Eso sí, los irresponsables políticos que han esquilmado los ingresos de nuestro trabajo ahora se disculpan por los millones de parados, por el exagerado endeudamiento, por la sempiterna corrupción, por la merma en nuestro poder adquisitivo y por el descenso en la calidad de vida del español medio durante la próxima década. Y, acto seguido, piden que nos ajustemos el cinturón del gasto familiar, aflojemos el bolsillo para pagar más impuestos y les apoyemos con nuestro voto en las próximas elecciones para tener más de lo mismo. Pero, antes de acudir a las mesas electorales, preguntémonos:

- ¿Qué tal si el Gobierno de España prueba a preguntarnos en referéndum si deseamos o no el rescate de bancos y cajas de ahorro con nuestros impuestos presentes o futuros?

- ¿Y qué tal si los políticos nos preguntan oficialmente si deseamos que nos endeuden masivamente y aumenten los impuestos o, por el contrario, preferimos una drástica disminución del tamaño del Estado y la cofinanciación publico-privada de servicios públicos como la educación, la sanidad, la prestación por desempleo o las pensiones para garantizar su viabilidad financiera en las próximas décadas?

Lo anterior sería un sano ejercicio de democracia directa, y podría realizarse sin más que aplicar el artículo 92 CE, que permite la convocatoria de referéndum en las decisiones políticas trascendentales. Sin embargo, no verán nuestros ojos ni un referéndum ni una constitución económica que pudiese limitar el déficit presupuestario, los tributos y el endeudamiento. Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Créanme cuando les digo que lamento ser agorero, pero me temo que la recuperación económica será una larga y lenta travesía por el desierto.

Vimos la posibilidad de realizar un análisis por teoría de juegos del deterioro institucional que permite afirmar que, salvo que ocurra una gran movilización social, nunca llegarán las reformas estructurales con la seriedad y la intensidad que requiere la actual crisis y la "casta" seguirá robando institucionalmente a las familias españolas hasta que no quede más dinero privado que esquilmar y se rompa en mil pedazos la España de las autonomías nacionalistas.

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