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Estructura institucional

Teniendo en cuenta que la evolución sociocultural ha institucionalizado democracias parlamentarias en los países donde ha enraizado la sociedad civilizada, conviene plantearse qué factores determinan el desarrollo económico y las libertades políticas.

En los años 60, el economista Ronald Coase incorporó el análisis de las instituciones al estudio de la economía. Se analizaron las organizaciones humanas, constatando la importancia del respeto institucional por la propiedad privada y la libertad de empresa, ambos vitales para el surgimiento de la estructura de derechos y de la seguridad jurídica necesarias para configurar un sistema de incentivos que impulse el progreso de su población.

Al igual que se realizó con la empresa, desde la Nueva Economía Institucional (NEI), también se analizó el Estado como organización, explicando su existencia como institución con capacidad para reducir los costes de defensa de las propiedades de los ciudadanos dentro de un territorio, evitando tanto la anarquía bajo la violencia de mafias, organizaciones terroristas o señores de la guerra como la opresión liberticida por un país con ansias expansionistas.

A lo largo de la historia, se puede constatar que el Estado ha garantizado la defensa exterior, la seguridad interior y la justicia, con menor o mayor fortuna, pero con evidentes costes internos adicionales a los propios derivados de su papel institucional, que la NEI denomina costes de transacción del Estado para referirse a los derivados de los problemas en la administración pública de recursos.

Entre los costes de transacción se incluyen, por ejemplo, la falta de transparencia y de control derivadas de la separación entre los administradores (que en esta institución son los gobernantes) y los accionistas (que en este caso son los ciudadanos), la mala asignación de recursos si existe corrupción de altos cargos políticos, la baja productividad debido a la burocracia, o la disminución en la eficiencia económica en función del tamaño de la organización (Administraciones Públicas) y del aumento de su masa laboral (funcionarios) y, en general, el comportamiento público estudiado en términos de intereses individuales por la escuela de la elección pública (Public Choice).

Sin embargo, esos costes de transacción del Estado pueden ser reducidos con mejoras institucionales como un sistema judicial independiente que garantice el Estado de Derecho, la minimización del tamaño del Estado, la vertebración territorial, la elección directa de autoridades, la declaración patrimonial y auditorias de cargos públicos o las barreras de control ciudadano sobre las decisiones políticas trascendentales para el futuro de un país.

Ahora bien, aunque el crecimiento económico se produzca con un marco jurídico que respete los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, desgraciadamente, no siempre viene acompañado de un desarrollo de las libertades políticas o de una democracia en donde exista separación "real" de poderes y los ciudadanos elijan "directamente" sus autoridades políticas y judiciales.

De hecho, existen serias reservas sobre la capacidad de una democracia para garantizar por sí misma el crecimiento económico, especialmente, cuando se comprueban el intervencionismo, la corrupción y las deficiencias institucionales de muchas democracias parlamentarias.

Tal y como afirma el profesor Mancur Olson, para garantizar el progreso socioeconómico, además de una democracia duradera que permita garantizar los derechos de propiedad y los contratos, se precisa la existencia de una dispersión pluralista del poder, lo cual sólo se logra con mayores libertades políticas ya que éstas permiten presionar socialmente a los dirigentes para realizar una reforma escalonada de las instituciones.

De ahí la importancia de que la sociedad acumule organizaciones cívicas, vitales e independientes, que aglutinen una masa crítica de la población que reclame no sólo mercados libres sino también libertades políticas dentro de un ordenamiento jurídico que evolucione de modo que se traslade el poder hacia los ciudadanos, disperso entre el mayor número posible de instituciones independientes.

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